De gobierno sin un muerto a gobierno con más muertos
Durante los 12 años de gestión, de forma lamentable, se reconoce la muerte de una cantidad de vidas humanas entre 80 a más de 100. Según Cabildeo al 2016, había 78 fallecidos. Cada ministro de gobierno cargó muertos, entre 2006 y 2016: Alicia Muñoz, 22; Alfredo Rada, 25; Sacha Llorenti, 2; Wilfredo Chávez, 3; Carlos Romero, 33; total: 78.
Bolivia y 36 años devida democrática
“Mi gobierno será un gobierno sin muertos”, prometió Evo Morales, hace 12 años, al asumir el mando de la nación. Esas palabras inauguraron un ciclo político de esperanza y de la posibilidad de un cambio profundo de la sociedad y la política boliviana.
El nuevo Presidente añadió su deseo de que “…nunca más haya violación de los derechos humanos”. Por cierto, ninguna doctrina ni modelo político alguno vale más que una vida humana.
Bolivia, después de décadas de gobiernos autoritarios, civiles y militares, desde 1982 hasta 2006, había abierto un lapso de relaciones democráticas. Nació una evidente ilusión popular: un Gobierno dedicado a mejorar la justicia, la salud, la educación, el respeto al medio ambiente, la jerarquización de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos, la aplicación de la ley y la Constitución Política del Estado.
Luces y sombras delproceso democrático
Más allá de las buenas voluntades y los buenos deseos, cada gobierno, en los hechos, cargó sus muertos. Casi no hubo gobierno sin una cantidad de vidas humanas en su haber, sean gobiernos civiles o militares. Por ejemplo, la muerte de un gran científico boliviano sacudió el sentimiento nacional, hecho recordado por el actual Presidente de la República (@evoespueblo), en su tuit:
“Como hoy, 1986, fue asesinado el científico Noel Kempff Mercado, cuando su avioneta aterrizó en la hacienda Huanchaca, donde operaba una megafábrica de cocaína de una banda criminal dirigida por la CIA y el estadounidense Oliver North, para financiar a los “contras” en Nicaragua”.
La segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada fue marcada por la pérdida de seis decenas de vidas humanas. Esta desgracia nubló una visión y evaluación imparcial de los logros de su primera gestión (1993-1997): reformas sociales (Participación Popular, Reforma Educativa, Seguro Materno Infantil, Bonosol), institucionales (Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Descentralización Administrativa, Consejo de la Magistratura), económicas (capitalización, exportación del gas, mercados de Brasil y Argentina, inversión extranjera, Ley Forestal).
El lapso democrático de más de tres décadas sumó alrededor de un centenar de vidas humanas perdidas por diversos conflictos sociales y políticos. El economista Julio Alvarado escribió: “Durante el gobierno de Evo Morales se asesinó a más de 80 bolivianos y NO hay justicia ni fiscales que investiguen esas muertes. Ni siquiera la del Viceministro Illanes”.
La diferencia del actual gobierno con los anteriores fue la institucionalización de la ineficiencia y la impunidad en la investigación y la nula aclaración de estos crímenes.
Después de 36 años de vida democrática volvemos a preguntarnos sobre las causas profundas de estas tragedias ocurridas en distintas administraciones gubernamentales y con distintas concepciones ideológicas.
Una hipótesis: la persistenciadel colonialismo interno
¿Cuál es la razón estructural de la persistencia de condiciones creadas desde la esfera pública? ¿Por qué en la esfera privada de la sociedad boliviana surgen comportamientos de violencia y enfrentamiento en la dilucidación de los diversos intereses y necesidades?
Un Estado autoritario, más que un Estado con autoridad, predominó hasta ahora. Con el actual gobierno del MAS, un Estado caudillista, personalista y discrecional, no regulado por normas sino por el capricho personalista de una mentalidad presidencialista. Si unimos a ese caudillismo, las asimetrías sociales y económicas, las injusticias y la vieja concepción de la violencia como partera de los procesos sociales, tendremos los ingredientes del conflicto permanente.
Eugenio Rojas, ministro del actual gobierno, en una declaración pública justificó el degollamiento de perros en Achacachi, “siempre tiene que haber sangre, tiene que derramarse sangre, eso hemos visto en nuestra historia”. También justificó el uso de la tortura para arrancar confesiones de los detenidos policiales. Incluso justificó la quema de un grupo de personas acusadas de ser ladrones. El Gobierno lo premió con altos cargos políticos y administrativos.
Un Estado autoritario, un gobierno abusivo y discrecional, una sociedad proclive al conflicto y la tensión son síntomas de un conjunto de relaciones no respetuosas de los derechos humanos sino de la fuerza y la imposición como criterios de la resolución de conflictos. Ese comportamiento público y privado fue típico de la historia del colonialismo interno de nuestra historia. Esta idea fue propuesta por el movimiento katarista a mediados de los años 70.
Concibe la fundación de la República de Bolivia en 1825, como un proceso donde la élite criolla logró desplazar a la minoría peninsular del poder político y social. Su dominio se extendió a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, con enormes dificultades para lograr la construcción de un sistema político que represente a todos los bolivianos, un sistema económico que desarrolle nuestras mejores energías y un sistema cultural, síntesis de las mejores virtudes de nuestra diversidad lingüística y cultural.
Después de la Revolución del 52, el indigenismo estatal y el populismo de los sucesivos gobiernos no pudieron superar las persistentes asimetrías sociales, económicas y políticas. El MAS, con una óptica socialista, pirateó algunas tesis del katarismo y empezó a lanzar ideas como el Estado plurinacional, la democracia intercultural y la economía plural. Las copió de cabeza y las descontextualizó del marco colonial, las mezcló con el materialismo histórico y acabó, 12 años después, en el clásico nacionalismo desarrollista.
El proyecto democrático, en sus diversas expresiones, contiene las mejores condiciones para avanzar en la superación de esas condiciones coloniales de exclusión, discriminación, racismo y etnocentrismo. Con dificultades, estos 36 años hubo avances y retrocesos en la vigencia de las libertades democráticas y la disminución de la discriminación. Se visibilizó el racismo pero no se lo solucionó al no entender su naturaleza ni su funcionamiento y quedó reducido a una treta ideológica y electoral.
El gobierno actual no pudo entender la lógica colonial de la historia boliviana. Utilizó algunos conceptos de la descolonización pero no pudo traducirlos ni convertirlos en políticas públicas. Por el contrario, el gobierno del MAS se dedicó a una serie de acciones de división y enfrentamiento con los dirigentes y organizaciones disidentes u opositoras.
Las principales organizaciones sociales como la CIDOB y Conamaq fueron divididas, sus sedes intervenidas y perseguidos sus dirigentes. Otras organizaciones como la COB, CSUTCB, CNIB, CNMCBBS fueron silenciadas con la prebenda y el clientelismo. Incluso, las acciones gubernamentales buscaron el enfrentamiento entre sectores sociales. Estos días, frente a la movilización de los cocaleros de La Asunta, el Gobierno alienta la movilización de los cocaleros de otros sindicatos de Yungas de La Paz o del Chapare.
El proceso de cambio, de la ilusión a una terrible desilusión
En lo político, la ilusión fue la construcción del Estado Plurinacional que hasta hoy no asoma por ningún lado. En lo institucional, el sueño fue un gobierno participativo pero acabó en una nueva rosca socialista y corrupta.
En lo económico, pretendieron liquidar el capitalismo e impulsar una economía comunitaria pero consolidaron un capitalismo depredador, extractivista y corrupto. En lo social, quisieron disminuir la exclusión social en la participación política, se amplió la presencia de sectores sociales excluidos (indígenas, mujeres, afrobolivianos), pero como masa electoral, antes que en los niveles de decisión.
En lo cultural, el anhelo de la dignificación de los pueblos indígenas acabó enterrando la demagogia de ser reserva moral de la humanidad. No pudieron entender la interculturalidad y desarrollar la unidad en la diversidad. Es un gobierno donde están más indígenas en cargos estatales pero no son gobierno. Una cosa es estar en el gobierno; otra, ser gobierno. El supuesto gobierno indígena es una ilusión. En lo jurídico, fracasaron dos veces en el uso del voto popular para la búsqueda del respeto por la ley y la administración idónea e imparcial de la justicia. Finalmente, en lo internacional, la ideologización de sus acciones provocó el aislamiento de Bolivia junto a Venezuela, único aliado.
12 años y un centenar de muertos
Durante los 12 años de gestión, de forma lamentable, se reconoce la muerte de una cantidad de vidas humanas entre 80 a más de 100. Según Cabildeo al 2016, había 78 fallecidos. Cada ministro de gobierno cargó muertos, entre 2006 y 2016: Alicia Muñoz, 22; Alfredo Rada, 25; Sacha Llorenti, 2; Wilfredo Chávez, 3; Carlos Romero, 33; total: 78.
Según departamentos, entre 2006-2016: Beni, 1; Cochabamba, 15; Potosí, 13; Oruro, 8; Tarija, 1; Chuquisaca, 3; La Paz, 16; Pando, 13; Santa Cruz, 6; entre Oruro y Cochabamba, 2. A esa trágica lista de muertos hasta 2016, se debe añadir los recientes fallecidos entre 2017 y 2018, como los dos muertos en La Asunta, con los cuales sumarían alrededor de un centenar de vidas humanas perdidas.
Importan los ataúdes,no las vidas humanas
La actitud de los gobernantes actuales es incomprensible. Al parecer, lo asumen como costos normales del llamado “proceso de cambio” o de la pretendida “revolución democrático-cultural”. En el caso del conflicto de Huanuni (octubre de 2006), el Vicepresidente, en lugar de ocuparse de solucionar las causas del conflicto, prefirió contar los ataúdes por enviar al lugar de la tragedia.
De la misma forma, el discurso gubernamental sobre las recientes muertes de La Asunta apunta más a la justificación de las acciones del Estado que a la solidaridad o condolencia con los huérfanos y las familias afectadas.
El MAS institucionalizóla impunidad
Hasta hoy, ningún caso fue esclarecido, tampoco ninguna autoridad fue investigada, convocada a declarar, mucho menos, procesada. El Gobierno buscó sacrificar responsables menores y salvar la imagen del presidente Morales. En el pasado insistió que el Presidente de turno es el responsable de las muertes.
Ahora dicen lo contrario. Los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa encubren a los responsables y bloquean cualquier posible investigación. No sólo no se investiga sino se premia a los acusados de irregularidades.
De gobierno sin un muertoa gobierno con más muertos
El gobierno actual deja una tarea pendiente: la búsqueda de una patria con un gobierno que no necesite resolverse con represiones, muertos y heridos la gestión pública y la resolución de las necesidades de la sociedad.
Evo Morales y su gobierno pasarán a la historia con las manos manchadas de la sangre de casi un centenar de vidas humanas. El voluntarismo y los buenos deseos del MAS no entendieron la naturaleza colonial de la política boliviana. De hecho, el gobierno del MAS fue la impostura indígena de la pervivencia del colonialismo interno.
“Este será un gobierno sin muertos” terminó en: “Este fue el gobierno con más muertos” en los 36 años de vida democrática (1982-2018).
FUENTE:
PAGINA 7
(09-09-2018)