Choque y Zapata hacen más acusaciones contra Quintana
La expareja presidencial Gabriela Zapata y la exdirectora de Gestión Social, Cristina Choque, implicaron nuevamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en presuntas acciones vinculadas al uso indebido de influencias e insinuaciones de fuga a Brasil.
La expareja presidencial Gabriela Zapata y la exdirectora de Gestión Social, Cristina Choque, implicaron nuevamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en presuntas acciones vinculadas al uso indebido de influencias e insinuaciones de fuga a Brasil.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que por Inteligencia del Estado, Zapata tenía intención de fugarse a Brasil y con la ayuda de políticos opositores, obtener el carácter de refugiado.
“El servicio de inteligencia debería de informarle al Ministro de Gobierno que cuando me ha pedido que abandone el país el Ministro de la Presidencia no lo he hecho”, manifestó Zapata en un breve contacto con los medios de prensa.
Este pedido le habría formulado luego el 3 de febrero pasado se conociera la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre la existencia de un hijo y los supuestos negocios de Zapata en su calidad de gerente comercial de la china CAMC.
Tanto Choque como Zapata guardan detención preventiva en la cárcel de Obrajes y Miraflores respectivamente, a denuncia de Quintana. La primera por uso indebido de bienes del Estado y la segunda por legitimación de ganancias ilícitas, supuestamente en reuniones de negocios efectuadas en las oficinas de Gestión social.
Ambas mujeres fueron conducidas hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde debió abrirse un sobre con documentos sacados de la Unidad de Gestión Social y que las implicarían en las denuncias formuladas por Quintana.
Choque declaró a la prensa que ya informó a la Fiscalía sobre el rol de Quintana en este caso y advirtió con seguir “ampliando con lujo de detalles” las instrucciones que recibía de una alta autoridad del Estado para consentir a Zapata en las oficinas públicas.
La ex funcionaria dependiente del Ministerio de la Presidencia se consideró una “perseguida política” y utilizada para encubrir a otras personas vinculadas a la situación procesal de la ex pareja del presidente Evo Morales.
FUENTE:
ERBOL
(28-04-2016)