Para no distraernos
Está claro que el país le ha permitido esta ‘libertad’ al Gobierno, que gasta sin estudiar la factibilidad de las inversiones y, sobre todo, al presidente, que ha dispuesto (gastos presidenciales) unos $us 18.000 millones de los más o menos $us 25.000 millones que se adjudican a ‘inversiones públicas’. Parece ser que el problema del Gobierno, que nunca se preocupó por aclarar las denuncias de algunos de los temas nombrados, es que ahora se mencionó al presidente y aquí está la inmoralidad: mientras no se diga que el primer mandatario puede estar envuelto en temas de corrupción, no importa lo que se diga del Gobierno, pero es evidente que el presidente debe dejar claro su rol en el empoderamiento de la señora Gabriela Zapata en las esferas gubernamentales, lo demás es distraer lo que de verdad interesa.
Está claro, en Bolivia la transparencia en la administración del Estado se va opacando cada vez más. Diego Ayo, escritor y estudioso de los problemas nacionales, nos dijo, en una entrevista, que desde 2005 las licitaciones públicas han sido cada vez menos. Diego asegura, basándose en cifras oficiales, que los contratos gubernamentales realizados por la vía de licitaciones públicas se redujeron del 76% (2004) al 41% (2010) y bajaron aún más, al 8% en 2013, y probablemente al 1% en 2014. Mucha plata que algún día pagarán nuestros nietos en manos de un grupo de personas con dudosas capacidades morales y, por lo visto, técnicas.
Miles de dólares se contrataron (se tienen que pagar) y con aparente sobreprecio en obras como el tren Bulo Bulo-Montero (tiene un año de retraso, CAMC), el Ingenio San Buenaventura (hay un informe que dice que CAMC fue descalificada para construir el ingenio azucarero, pero 14 días después fue invitada para adjudicarse la obra); la planta de sales de potasio (CAMC); la compra de perforadoras (llegaron en muy mal estado y funcionan mal); Misicuni (tiene retraso); Hidroeléctrica Rositas (será por invitación); los aviones para el TAM (comprados con sobreprecio y no para volar en altura; no vuelan); el satélite Túpac Katari (tenemos propaganda, pero no información de su rentabilidad); el proyecto de licuefacción de gas natural; la planta separadora de líquidos de Río Grande (sobreprecio de unos $us 40 millones); las barcazas chinas (ya son $us 30 millones perdidos); la planta separadora Gran Chaco (con probable sobreprecio); la planta de urea y amoniaco; la planta de polietileno y polipropileno, y el proyecto Mutún, sin contar al menos seis proyectos camineros en el eje central y en otros departamentos.
Está claro que el país le ha permitido esta ‘libertad’ al Gobierno, que gasta sin estudiar la factibilidad de las inversiones y, sobre todo, al presidente, que ha dispuesto (gastos presidenciales) unos $us 18.000 millones de los más o menos $us 25.000 millones que se adjudican a ‘inversiones públicas’. Parece ser que el problema del Gobierno, que nunca se preocupó por aclarar las denuncias de algunos de los temas nombrados, es que ahora se mencionó al presidente y aquí está la inmoralidad: mientras no se diga que el primer mandatario puede estar envuelto en temas de corrupción, no importa lo que se diga del Gobierno, pero es evidente que el presidente debe dejar claro su rol en el empoderamiento de la señora Gabriela Zapata en las esferas gubernamentales, lo demás es distraer lo que de verdad interesa.
FUENTE:
EL DEBER
(13-03-2016)