Aplazados en democracia
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Hace ya varios meses, la prestigiosa revista británica The Economist publicó su último índice de democracia, y adivinen los resultados…: Bolivia está en los últimos lugares en calidad de democracia vigente en América, superando únicamente a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, lo que no es para sentir orgullo, porque en esos países se ha retrocedido tanto, que la democracia es un valor que sus estantes hace muchos años no pueden experimentar.
Tengo la convicción de que acceder al gobierno mediante el voto universal no lo hace necesariamente un gobierno democrático. Lo digo porque mucha prensa define a los gobiernos según como fueron constituidos: democráticos si lo fueron mediante elecciones o de facto, si fue por medios inconstitucionales. Pero la democracia no es solo merecer el apoyo del pueblo el día de las elecciones. Más bien tiene que ver con la forma de gobernar y con el Estado de derecho, cuya característica esencial es que todo poder y toda libertad individual rigen su comportamiento por normas jurídicas que todos los órganos del Estado deben observar.
Y, sí, indudablemente el Órgano Legislativo es el más complejo de controlar por hallarse más cerca de la soberanía y, en consecuencia, es el principal autor de la norma y de todo el ordenamiento jurídico de rango superior, con excepción de la Constitución Política.
El Órgano Judicial, tiene la misión de aplicar el derecho a los casos particulares bajo una envoltura de “santidad”; por tanto, es el más jurídico de todos. Finalmente, el Poder Ejecutivo, que es el heredero más directo de las autocracias de hace unos siglos, es el que más abusos puede cometer y de quien más se puede temer las restricciones a las libertades y los derechos individuales. Por eso el control jurisdiccional sobre la actuación del gobierno es la más delicada y eficaz arma. En consecuencia, la verdadera democracia del mundo actual exige un clima de libertad e igualdad, además de tolerancia frente al que piensa distinto.
The Economist ha hecho una radiografía lapidaria, pero irreprochable del estado de la democracia boliviana, porque aquello de que el Órgano Legislativo es el más difícil de controlar, siendo que en él reside todo el ordenamiento jurídico, en Bolivia no es más que una entelequia, porque todos sabemos la manipulación que desde el Ejecutivo se hace del “más democrático de los poderes”. El Poder Judicial, que tendría que ser el “templo” de la justicia, acá más bien es la filial del partido de gobierno.
Pero la verdadera democracia también se funda en el correcto uso constitucional. Una seguridad jurídica también en este ámbito de la jurisdicción, es presupuesto fundamental para que los gobernados se sientan protegidos por los beneficios de este sistema de gobierno que, según Winston Churchill, es el peor que existe, con excepción de todos los demás. Y demás está decir que nuestro sistema judicial constitucional es un circo capaz de hacer malabares con su mejor instrumento (la Constitución Política), de manera que pueden interpretarla según el sol que nace; y pueden desdecirse cuando se les antoja.
En fin, la triste pero merecida calificación de aplazo que nos confiere la revista debe hacernos reflexionar en que ejercer el poder nacido de la voluntad popular únicamente, no hace a ningún gobierno verdaderamente democrático si no es con el complemento insustituible de una sumisión del poder al derecho, ya que, por ejemplo, hoy evidenciamos su inexistencia tras la procrastinación ilegal de las elecciones judiciales. Tampoco hay verdadera democracia si no existe un gobierno de opinión, debate público e igualdad de oportunidades.
Hallarnos apenas por encima de esos países que en materia de democracia son la vergüenza del mundo no es para alardear, sino para lamentar, que inclusive tengamos que estar por debajo de México, cuyos índices de violencia, por la ausencia de Estado en la seguridad ciudadana, son alarmantes. Gobernar democráticamente —contra todo razonamiento marxista— no tiene tanto que ver con quién detenta el poder, sino con quién es el beneficiario de él; por tanto, es un sistema de consenso cuyo concepto en Bolivia se desconoce.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.
FUENTE:
EL DIARIO
(02-02-2024)