Esclarecimiento urgente
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La muerte de Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, designado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), es el más reciente episodio de la saga que está siendo la intervención de uno de los bancos más grandes del país.
Colodro falleció el sábado en la noche al caer del piso 15 de un edificio en la zona de Equipetrol (Santa Cruz), en circunstancias tan oscuras que ni siquiera es posible afirmar con certeza si se trató de un suicidio o un homicidio.
Horas antes de su muerte, el interventor -que cumplía exactamente un mes en las funciones asignadas- había declarado a la prensa que desde este lunes 29 de mayo se procedería a cancelar los finiquitos de los más de 4.000 trabajadores que quedaron cesantes luego de la intervención.
Se resalta lo de escandaloso porque, aunque los síntomas de los problemas del que fuera uno de los bancos con más depositantes del país empezaron en marzo (los antecedentes se remontan incluso a 2019), su debacle arrastró no sólo millones de bolivianos en depósitos, sino una serie de revelaciones sobre discrecionalidad en la administración y desvíos de fondos a otras empresas. En este caso, la tardía intervención de la ASFI es un tema pendiente de esclarecimiento.
A Colodro le cabía la tarea de desentrañar una maraña de corrupción quién sabe con qué nexos y derivaciones, a tiempo de responder a la angustia en que quedaron ahorristas y trabajadores y, además, hacerlo con fondos de un Estado que ya ha confesado estar prácticamente en la bancarrota.
Por ello, su desaparición en circunstancias tan veladas no deja sino preocupaciones e interrogantes que no son sólo de su familia, que debe afrontar el golpe que esto representa, sino de todo un país, que ve con desazón la situación económica que se cierne sobre todos y que, una vez más, atestigua un hecho con visos de tragedia y opacidad.
En los últimos 127 días, además de Carlos Alberto Colodro, Christopher Balcázar Jiménez, que dirigía la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho; y Felipe Sandy Rivero, testigo protegido en el caso ABC, murieron en circunstancias poco claras. Los dos primeros al caer de edificios en Santa Cruz y el tercero (Sandy Rivero), en EEUU, donde se sostuvo que había sufrido un accidente de tránsito, para luego de hacerse público un video del propio testigo -en el que acusaba a autoridades del Gobierno de actos irregulares-, afirmar que se trató de un suicidio.
Todas las hipótesis sobre estas muertes anteriores son posibles, dada la poca información confiable con la que se ha contado, pero, en este reciente episodio es importante exigir la mayor transparencia de parte de las autoridades e investigadores.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fiel al estilo impuesto por el MAS en esta cartera, mostró a la opinión pública una carta, de la cual se ha filtrado sólo una de las carillas. Se trataría de una misiva póstuma que reforzaría la idea del suicidio, pero tanto la familia como el abogado de ésta, Jorge Valda, han descartado que sea del puño y letra del fallecido. Por otro lado, Valda señaló que el cadáver muestra señales de lesiones anteriores y que le faltan algunos órganos, aspecto que además de dramático debiera ser sustentado o descartado a la brevedad posible.
Lastimosamente vivimos un momento de escasa credibilidad en quienes deberían ser los guardianes de la confianza pública: tanto la justicia, como la Policía, las autoridades y hasta los propios empresarios defienden todo tipo de intereses y resulta poco realista esperar veracidad de ellos.
Sin embargo, el clima enrarecido que se respira, al que se suman casos impunes de corrupción en altas esferas gubernamentales, demanda un esclarecimiento urgente y honesto.
Es importante que se despejen dudas obvias y dudas profundas sobre la quiebra del Fassil y sus derivaciones, que se ciernen como amenazas a la gobernabilidad en estos momentos. Es deplorable que no existan instancias creíbles que actúen más allá de intereses particulares y sólo queda esperar que no quede nuevamente sobre este caso la sombra de la mentira, la impunidad y la corrupción.
Vivimos un momento de escasa credibilidad entre quienes deberían ser los guardianes de la confianza pública.
Es deplorable que no existan instancias creíbles que actúen más allá de intereses particulares y sólo queda esperar.
FUENTE:
PAGINA SIETE
(30-05-2023)