La libertad de expresión en jaque

En Bolivia existe libertad de expresión, pero está cada vez más restringida y amenazada. Los periodistas testimonian diariamente los atropellos que sufren en la cobertura y las instituciones que defienden sus derechos se encargan de convertir esas denuncias en estadísticas e informes que hablan por sí mismos. Ayer, al recordarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, diversas organizaciones se pronunciaron poniendo en alerta sobre este retroceso en el país. Por ejemplo, Reporteros sin Fronteras indicó que “en Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la Policía”. La organización dio a conocer la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, correspondiente al año 2023, en la que Bolivia se sitúa en el puesto 117 de 180 países. También ayer, la fundación Unitas, que agrupa a una red de ONG en Bolivia, ha señalado que, entre enero y abril de este año, se registraron 35 casos de vulneración a la libertad de prensa, de los cuales 28 fueron vulneraciones directas a periodistas y siete a medios de comunicación. En este reporte se identifica a la Policía como la principal responsable del pisoteo de este derecho. Entre tanto, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicado en abril, indica que las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad en Bolivia debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso orientadas a limitar los mensajes de la ciudadanía y de los periodistas. De esa manera, hizo referencia a los intentos de endurecer la pena carcelaria por el delito de discriminación y de regular las redes sociales. El oficialismo se ha comprometido a retirar el artículo de la discriminación del proyecto de ley que modifica el Código Penal, sin embargo, la norma aún no se ha aprobado en la Asamblea, por lo que el riesgo se mantiene. El proyecto de regulación de las redes sociales también ha sido retirado, aunque es sabido que, de tanto en tanto, el oficialismo intenta introducir iniciativas de ese tipo, por lo que los gremios periodísticos deben mantenerse alertas. Por otro lado, el reporte de la SIP indica que los medios independientes “continúan bajo persecución tributaria a través de controles y fiscalizaciones que se les realizan luego de que publican contenidos críticos a políticas gubernamentales u opiniones de sectores de oposición contra disposiciones gubernamentales en materia económica, judicial y social”. A lo que se suma, según el informe, la impunidad en casos de agresión a periodistas, incluyendo el de los trabajadores que fueron secuestrados en Las Londras, cuyos agresores fueron liberados. Poco antes, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Bolivia detectó una “escalada de agresiones a periodistas” en los últimos años, particularmente en Santa Cruz y, a la vez, recibió reportes sobre “una importante financiación” del Estado a sus medios de comunicación que “contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios”, así como “cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”. Como se puede advertir, la libertad de expresión atraviesa por un mal momento en Bolivia, lo que debería llamar a la reflexión al Gobierno, porque, en teoría, debería ser el llamado a garantizar este derecho a la ciudadanía y no a coartarlo, como está ocurriendo en la actualidad. Habitualmente, la libertad de expresión se asocia a los periodistas, aunque, en realidad, es un derecho del ciudadano y, al limitarlo, se está afectando, no a un puñado de medios de comunicación, sino a la ciudadanía en su conjunto. Finalmente, hay que decir que sin libertad de expresión no hay democracia y que cada atropello a este derecho restringe las libertades en todos los demás ámbitos. Por eso es importante preservar la libertad de expresión en un sistema que se precie de ser democrático. La SIP indica que los medios independientes “continúan bajo persecución tributaria a través de controles y fiscalizaciones”. Habitualmente, la libertad de expresión se asocia a los periodistas, aunque, en realidad, es un derecho del ciudadano.

FUENTE: PAGINA SIETE (04-05-2023)