Estafas impunes, víctimas desprotegidas

Hace pocos días salió a la luz una nueva y millonaria estafa que ha dejado un número aproximado de 280 víctimas por un valor de más de 33 millones de dólares. Se trata de la empresa Bofinvest (Bolivian Financial Investment), que durante más de una década captó dinero de empresarios, artistas y otros sin fiscalización ni control, y que desapareció en tiempos de pandemia y hasta la fecha no ha devuelto un solo centavo a sus acreedores. Bofinvest S.A. ofrecía actividades de inversión y administración de inversiones para el público inversionista -individual e institucional-, a quien prometía un rendimiento superior a las alternativas financieras tradicionales. Su gerente y propietario, Arturo Ledezma Barros, decía que realizaba inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, y con esos datos y cifras impresionantes, conquistaba a clientes de todo tipo, entre ellos incluso banqueros y empresarios con importantes capitales. Sin embargo, con los mismos ofrecimientos y poniendo como carta de presentación el cumplimiento en el pago de intereses, seducía incluso a pequeños ahorristas. Una vez que recibía el dinero, este era girado al país norteamericano. Creada en Panamá, Bofinvest operó en Bolivia desde 2003, aunque la constitución legal, de acuerdo con un testimonio notarial de Fundempresa, corresponde a noviembre de 2005. Comenzó con un capital de 220 mil bolivianos, aportados por tres socios, todos familiares entre sí: Arturo Paul Ledezma Barros; su esposa Claudia Cecilia Ugarte Martínez y su padre, Arturo Ledezma Espinoza. El primero fue declarado como representante legal y se fijó el domicilio en Santa Cruz. Tenían documentación acerca de este servicio en trípticos, contratos de participación, formularios y otros muy similares a los utilizados por las SAFI legalmente establecidas. Además, se respaldaban con una matrícula de Fundempresa y un NIT emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Sin embargo, en los hechos no contaba con permiso de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y tenía pendiente una investigación de la extinta Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) que, ya en 2009, observó sus actividades como ilegales. Lo curioso es que a pesar de las primeras señales de alerta, ni la ex SPVS ni posteriormente la ASFI –que supuestamente continuó con las actividades de fiscalización-, realizaron una investigación y menos fueron capaces de impedir que esta fraudulenta empresa continuara estafando. Tampoco se prendieron alarmas en el sistema financiero por los cuantiosos movimientos que Ledezma registraba en su cuenta ni por las transferencias que se hacían a su nombre y que luego este destinaba a cuentas en EEUU a través de bancos locales. Lo cierto es que, durante años, Ledezma y su familia pudieron mantener este clásico esquema piramidal -conocido como “esquema Ponzi”- sin ser detectado. Nunca realizó las inversiones prometidas y cuando llegó la pandemia, primero se excusó de continuar dando los intereses a los inversionistas, para luego desaparecer con la promesa de devolver en un plazo prudente los dineros captados. Ledezma y su esposa salieron del país hacia EEUU, y desde allí advirtió a sus acreedores con no devolverles su dinero si lo denunciaban o le iniciaban proceso en la justicia. Algo que de todas maneras sucedió, aunque sin ningún resultado, pues sus representantes en el país continuaron operando y bloqueando cuanto proceso se emprendió para recuperar los capitales defraudados. No es la primera vez que una operación como esta tiene lugar en el país. Recordemos el caso Finsa, que estalló en 1991, y otros como Multiactiva, Orcobol y Rogher, que estafaron millones de dólares con esquemas parecidos. El asunto es que, pese a estos antecedentes, no existe una acción ni de las autoridades de fiscalización financiera ni del Órgano Judicial para hacer justicia con las víctimas. En el caso de Bofinvest, no se han pronunciado las autoridades ni se sabe de una acción para que los culpables respondan por los daños ocasionados. Es hora de que se tomen acciones al respecto. Además, se respaldaban con una matrícula de Fundempresa y un NIT emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). No se han pronunciado las autoridades ni se sabe de una acción para que los responsables respondan por los daños.

FUENTE: PAGINA SIETE (14-04-2023)