Ante la incertidumbre, cautela

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Los datos reportados en los últimos días advierten de una mayor demanda de dólares en el país. Ante ello, por un lado, algunas entidades financieras estarían condicionando la entrega de esa moneda e incluso pidiendo a los depositantes las razones de los retiros. Parece inusitado que un banco limite o pida razones para el retiro del dinero de sus ahorristas, pues estos están en el derecho de hacerlo, pero es esta una de las señales que ha llamado a la preocupación de la ciudadanía. Por otro lado, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) advirtió con iniciar procesos penales contra quienes difundan información “falsa” respecto a la situación del dólar en el sistema financiero, alentando, por ejemplo, el cambio de bolivianos a esa moneda con rumores como que ya no se encuentra disponible en cajeros automáticos. Lo hizo luego de reconocer que hay una “demanda especulativa” de esta moneda extranjera y tras ello, recomendó ella misma que los bancos, antes de entregar estos billetes, pregunten cuál es la actividad a que se dedica el ciudadano. Evidentemente, en muchos países existen normativas parecidas, pues la estabilidad financiera es un bien público que cuidar y resulta entendible que se la pretenda preservar de situaciones sin mayor asidero. El Art. 491 de la Ley de Servicios Financieros que refiere a los delitos financieros prevé penas de privación de libertad de cinco a 10 años a quienes incurran en ellos, pero que la ASFI recuerde esta normativa en un momento tan delicado solo puede contribuir a la zozobra en vez de calmar a la gente. Acá viene una serie de cuestiones complejas que aún están en desarrollo y sobre las que cabe la mayor cautela. Es posible que esta mayor demanda se deba a que las reservas internacionales netas (RIN) están en una baja histórica que ha sido asumida por el propio Gobierno y es, asimismo, entendible que el público haya juzgado bien o mal estas noticias: no cabe duda que la caída de las reservas es una preocupación que afecta a los ciudadanos. Por otro lado, las autoridades económicas, queriendo dar respuesta a esa mayor demanda de dólares, han tomado la medida inusual de eliminar temporalmente el encaje legal de los bancos (hasta el 6 de marzo de 2023). Recordemos que el encaje legal representa el porcentaje de reservas de dólares y bolivianos que las entidades de intermediación financiera están obligadas a mantener como depósitos en el Banco Central. Si bien esta podría ser una respuesta paliativa para calmar el nerviosismo, habría que ver si no tiene impactos en la propia estabilidad del sistema. La decisión está destinada a dotar de más disponibilidad de dólares a las entidades financieras ante el crecimiento de la demanda, pero como sostienen algunos analistas, también puede ser interpretada como que “la situación de las reservas internacionales es crítica y, por lo tanto, se ha suspendido el encaje ante posibles eventualidades de falta de dólares en los bancos”, (Róger Banegas, exdirector del Banco Central). Mirando hacia adelante, evidentemente es de esperar que este nerviosismo sea pasajero, pero mientras el Gobierno no tome la palabra y conduzca las preocupaciones no solo con discursos, sino con hechos, devolviendo a la población una tranquilidad que parece estar en juego, el riesgo de alimentar la incertidumbre puede seguir latente. Las situaciones de nerviosismo financiero son particularmente delicadas, ya que hay pocas cosas tan sensibles para la población como la seguridad de sus ahorros, sean éstos escasos o no, y nadie puede criticarlos por ponerse nerviosos. Evidentemente, gracias a la bolivianización de los depósitos en el país, la mayoría de la gente tiene sus cuentas en moneda nacional, por lo que no debiera presentarse una situación de gran emergencia; pero, como decimos, cuando se siembra un rumor el descontrol es muy fácil. Se puede anticipar que la evolución de esta coyuntura va a demandar del Gobierno un esfuerzo no solamente comunicacional asertivo, sino también de acciones que reconduzcan a la credibilidad en la solidez de la economía, y ya se sabe que en estos tiempos la credibilidad es un patrimonio de pocos. Que la ASFI recuerde esta normativa en un momento tan delicado solo puede contribuir a la zozobra en vez de calmar a la gente.
FUENTE: PAGINA SIETE             (28-02-2023)