Anulen la aberrante reelección indefinida

Hace un año y medio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado que la reelección indefinida no es un derecho humano, que esa figura es contraria a los principios de la democracia representativa y que es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana. Pese a eso, el Tribunal Constitucional de Bolivia (TCP) no se inmuta y por ahora mantiene la aberración cometida en 2017 cuando, pasándose por alto la Constitución Política del Estado, resolvió que la reelección indefinida es un derecho humano. Lo hizo para habilitar como candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera, pese a que ya habían gobernado tres períodos consecutivos y estaban prohibidos de postular nuevamente. El fallo de la Corte IDH no fue dictado de oficio, sino que fue planteado por el Gobierno de Colombia a pedido de la oposición boliviana, justamente para dejar sentado que el Tribunal Constitucional había violado no sólo la Constitución que debía proteger, sino que había ido en contra de los más altos instrumentos del derecho internacional. El tema volvió estos días al debate público, al recordarse siete años del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos rechazó que Morales postulara a un cuarto mandato. Justamente, para burlar la voluntad popular es que el Tribunal Constitucional decidió ungir a Evo Morales en una especie de emperador inamovible del cargo, dejando en suspenso varios artículos de la Constitución boliviana para que imperara su supuesto derecho humano de ser reelegido de forma vitalicia. La justicia internacional tarda, pero llega, y ahora, un año y medio después del fallo de la Corte IDH, es hora de que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, que no son los mismos que cometieron la aberración, anulen la sentencia de la reelección indefinida y salven el honor propio y el de la institución. No tiene sentido que sigan manteniendo una sentencia ilegal, inconstitucional y antidemocrática porque podrían ser juzgados por no cumplir con sus deberes. Los fallos de la Corte IDH son obligatorios porque Bolivia es miembro del sistema interamericano, por lo que no hay posibilidad de escamoteo ni apelación alguna. Está claro que los magistrados que fallaron por la reelección indefinida, en algún momento, cuando la democracia sea plena en Bolivia, serán juzgados por sus actos, pero los actuales bien podrían evitarse esa responsabilidad corrigiendo los errores del pasado. Según especialistas consultados por este medio, más allá de lo que decida el Tribunal Constitucional, la reelección indefinida ya no existe en Bolivia desde el momento en que salió el dictamen de la Corte IDH, porque éste es de cumplimiento obligatorio, pero lo que llama la atención es que los magistrados bolivianos sean renuentes a corregir un error histórico de su institución. Tal vez quieren proteger a sus antecesores de posibles responsabilidades, o quizá quieren lavar las manos del Tribunal frente a los dramáticos hechos de 2019 que, sucedieron, hay que recordarlo, por la insistencia de Morales de postular a un mandato para el que no estaba habilitado. Más allá de esas consideraciones, el fondo del asunto es que la justicia boliviana, incluido el Tribunal Constitucional, está tomada por el poder político y que actúa en función a los vientos que corren en la Plaza Murillo. Así, hasta 2019 los jueces y magistrados siguieron los dictados de Morales, en 2020 avalaron el gobierno de Jeanine Añez declarando constitucional la ley de prórroga de mandato, y desde 2021 son fieles servidores de Luis Arce y también de Morales. Entonces, queda claro que la decisión de mantener la reelección indefinida como un derecho humano proviene de los gobernantes de turno porque les sirve para mantener la retórica del golpe de Estado y, quién sabe, para intentar nuevamente prorrogarse en el poder. Es hora de que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, que no son los mismos que cometieron la aberración, anulen la sentencia de la reelección indefinida.

FUENTE: PAGINA SIETE (27-02-2023)