El silencio de Arce sobre los despatriados

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La dictadura de Daniel Ortega ha despojado de su nacionalidad, de sus derechos políticos e incluso de sus bienes personales a más de 300 ciudadanos críticos al régimen, entre ellos famosos escritores, periodistas, activistas y hasta religiosos. Y lo ha hecho en dos tandas, en la primera ha sacado de las cárceles a 222 presos políticos, los ha puesto en un avión y los ha desterrado rumbo a Estados Unidos. Y, en la segunda, ocurrida la semana pasada, ha arremetido contra 94 nicaragüenses que ya estaban en el exilio, a los que ha despatriado y les ha arrebatado sus bienes personales, tal como lo hizo Hitler contra los judíos. Esta atrocidad ha sido condenada por gran parte de los gobiernos del mundo y algunos de ellos incluso han ofrecido la nacionalidad a los expatriados nicaragüenses. En la región, gobiernos como el de Gabriel Boric (Chile), Alberto Fernández (Argentina) y Gustavo Petro (Colombia), todos ellos de izquierda, han rechazado las acciones de Ortega, han abogado por los derechos humanos y han ofrecido la nacionalidad a los exiliados. El más claro y contundente ha sido Boric que, en un reciente tuit, ha escrito: “Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos (nombres de escritores nicaragüenses) y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!”. En cambio, el Gobierno boliviano ha mantenido un indignante silencio frente a estos crímenes. Por el contrario, los embajadores bolivianos mantienen su alianza con el régimen de Ortega, al que apoyan en foros internacionales, tal como lo hacen con Venezuela o Cuba. El presidente Luis Arce tiene un conveniente perfil bajo respecto a temas internacionales, pero en este caso su silencio es atronador y muestra su complicidad con una dictadura. Su silencio es, además, preocupante porque significa que aprueba los métodos de Ortega y que no tendría empacho en aplicarlos en Bolivia, donde a estas alturas ya “ostenta” una cifra de 180 perseguidos políticos. Lo lamentable del caso es que, en la comunidad internacional, lo que diga o deje de decir el gobierno de Arce es la posición de Bolivia, aunque seguramente una buena parte del país reprobaría los delitos de Ortega. Quitar la nacionalidad a una persona es despojarla de todos sus demás derechos, por eso hay quienes consideran que ese castigo es peor que la cárcel. En pleno siglo XXI, lo obrado por Ortega es una barbarie que sólo puede entenderse en la decrepitud de un régimen que está viviendo su última fase. Es hora de hablar, presidente Arce. Los embajadores bolivianos mantienen su alianza con el régimen de Ortega, al que apoyan en foros internacionales.
FUENTE: PAGINA SIETE             (23-02-2023)