Escándalo de espionaje en Chonchocoro

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Entre las muchas expresiones de arbitrariedad que vemos a diario, la situación de los detenidos por razones políticas es una de las más indecorosas. Aunque quien quiera que caiga en manos de la Policía y la justicia en Bolivia y vaya a parar –con razón o sin ella- a una de sus cárceles, los riesgos son incontables, a los políticos, con el estigma de golpistas, traidores a la patria, opositores y otros apelativos, no hay prácticamente quién los libre, hasta de lo más insólito. La semana pasada, se encontró una cámara en la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente hace poco más de un mes por el caso Golpe I. Según sus abogados, la cámara fue encontrada por su esposa, quien es una de las pocas personas que tiene permitidas las visitas. Tras el escandaloso descubrimiento, Camacho fue trasladado a otra dependencia dentro de la misma cárcel, pero lo hizo con la cámara en mano, de la que se dijo que no se separó ni para dormir por temor a que se la quiten o desaparezca. A pesar de las protestas por la violación a sus derechos fundamentales, ni la defensa ni la familia de Camacho han podido ni siquiera sentar denuncia ante la Policía. El director Felcv, Rubén Lobatón, se justificó por no haber recibido el reclamo de los abogados de la autoridad cruceña y señaló que no correspondía que sea remitida a la instancia policial, sino a la Fiscalía. En su lugar, Lobatón afirmó más bien que se iniciarán acciones por discriminación contra los abogados de Luis Fernando Camacho, por presuntamente gritar al personal de la unidad la semana pasada. La esposa de Camacho dijo sentirse afectada en su dignidad e intimidad por esa violación a su privacidad y denunció que incluso se habría filmado a los hijos pequeños del gobernador. Ante estas y otras expresiones de molestia e indignación, incluso de parte de instituciones como el Consejo Departamental de la Mujer de Santa Cruz y parlamentarios de oposición, poco se ha avanzado para esclarecer y mucho menos enmendar el hecho denunciado. Régimen Penitenciario negó haber instalado el dispositivo; la Policía rechazó el reclamo formal y las autoridades gubernamentales miraron para otro lado. El ministro de Justicia, Iván Lima, apeló a una “investigación seria” y deslizó dos hipótesis: la que asegura que fue instalada por Régimen Penitenciario y la que sostiene que pudo haber sido ingresada por allegados de la misma autoridad. “Estoy planteando dos hipótesis y esto se dilucida en un debido proceso, en una investigación, y lo que hay que hacer es facilitar la información para que la justicia actúe”, afirmó. De manera que ahora, lo que parecía una violación de derechos a la privacidad y un abuso absoluto con la dignidad de un detenido, puede quedarse solamente en un completo bulo. Es decir –y no sería raro que en eso deriven las investigaciones que conduce el Ministerio Público- que el único responsable de ello es el propio afectado, seguramente para victimizarse y obtener algo más de atención mediática. Así es como se manejan las cosas en el país, más aún cuando se trata de enemigo político del oficialismo: no hay derechos que resguardar y siempre hay excusas para relativizar cualquier exceso cometido (ya lo vimos con la detención del mismo Camacho). Habrá que recordar que el único derecho que pierde un prisionero es el derecho a la libre locomoción, el resto se mantiene. Si bien las dos hipótesis de Lima son válidas y posibles, hay cosas que llaman la atención, como el hecho de que el Gobierno se haya tomado poco más de 20 horas para dar una explicación y que para sustentar su argumento tenga que admitir que es ineficiente en el control del penal de máxima seguridad del país: si la gente de Luis Fernando Camacho metió el dispositivo a Chonchocoro, se tiene que admitir que es posible meter cámaras ocultas –y quién sabe qué otras cosas- a un penal de máxima seguridad, o ¿es que Camacho recibe un trato privilegiado que le permite a sus allegados ingresar lo que se les antoje? Veremos en qué queda esta denuncia, pero lo que no está ya en duda es que la dignidad y la integridad de quienes están privados de libertad en Bolivia, especialmente los que tienen procesos políticos, no son respetadas por el Estado boliviano y sus autoridades. Y esto es tanto o más escandaloso.
FUENTE: PAGINA SIETE             (31-01-2023)