PGE llama a replantear relación de las regiones con un Estado centralista

Aseguran que este tipo de normas son las que justifican los anuncios de las regiones para replantear su actual relación con el Estado boliviano. > Esta semana desde el Comité Cívico cruceño, se anunció la conformación de una “Comisión de Constitución” encargada de revisar la relación de este departamento con el Estado. > Vocero de la Presidencia afirmó que con este debate se pretende tapar la “derrota” del “comiteismo cruceño” en los 36 días de paro, además de buscar impunidad por los hechos durante esta medida.
Tras la aprobación del Presupuesto General del Estado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), parlamentarios afirman que este tipo de normas justifican las intenciones de replantear el rol y la relación de las regiones con un Estado centralista que concentra recursos y no rinde cuentas a nadie. Durante el tratamiento de esta norma en las Cámaras Legislativas, diferentes parlamentarios de oposición manifestaron su abierto rechazo a una normativa calificada como centralista por perjudicar los planes de desarrollo de las regiones. Por otra parte, se cuestionó que nuevamente el Movimiento al Socialismo haya recurrido a su mayoría parlamentaria para aprobar esta ley pese a todas las observaciones planteadas por representantes de la oposición. En este sentido el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, sostuvo que son este tipo de normas las que justifican los anuncios de regiones para replantear su actual relación con el Estado boliviano. “Después que el Movimiento al Socialismo aprobó un Presupuesto General del Estado con un 88% de concentración de recursos en manos del nivel central y solo un 12% en manos de las regiones y universidades, por supuesto que se debe considerar replantear el rol del Estado”, dijo. A criterio de Reyes, entidades territoriales autónomas y universidades deben reconsiderar su relación con el Estado, además del rol que este cumple en el desarrollo de las regiones. Cuestionó que con la actual distribución de recursos solo se tenga certeza de que gran parte de estas asignaciones se destinaran a empresas estatales deficitarias. “Tenemos que replantear el rol y la relación que deben tener Municipios, Gobernaciones y Universidades con un Estado centralista que no le rinde cuentas a nadie y concentra recursos sin que se sepa dónde invierten la plata más allá de empresas públicas deficitarias”, manifestó el legislador paceño. Por ello, destacó los anuncios y acciones emprendidas por regiones para iniciar el análisis de propuestas para replantear su relación con el Estado, siempre y cuando no se vulnere la Constitución Política del Estado ni se afecte la soberanía nacional. “Santa Cruz y las regiones están en todo su derecho para poder replantear su relación con un Estado centralista, siempre dentro del marco de la Constitución, seguramente así lo van a realizar”, finalizó. Esta semana desde el Comité Cívico pro Santa Cruz se anunció la conformación de una “Comisión de Constitución” encargada de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado Boliviano, dejando en reserva la identidad de los integrantes de dicha comisión. “Este mandato surgió en el marco de un paro indefinido que exigió al Estado Central un Censo oportuno y transparente, que permita distribuir los recursos económicos con equidad y además que con su aplicación se liberen los procesos electorales de control y de la injerencia del partido de gobierno”, manifestó el dirigente cívico Rómulo Calvo. Explicó además, que este planteamiento es consecuencia de la constatación colectiva del “deterioro crónico” de la relación entre el Estado Boliviano con Santa Cruz, producto del agotamiento del modelo centralista y los múltiples sucesos de abuso extremo contra este departamento durante las jornada de paro indefinido. Al respecto, el vocero presidencial Jorge Richter, afirmó que con el debate que proponen ciertos grupos políticos de Santa Cruz para revisar la relación de ese departamento con el Estado, lo que se pretende es tapar la “derrota del comiteismo cruceño” que en 36 días de paro no logró su objetivo de que el Censo se realice en 2023, pero también que los hechos violentos, las cuatro muertes y las pérdidas económicas queden en la impunidad. Durante una entrevista radial, Richter dijo que luego de su fracaso en la movilización y aceptar que la encuesta nacional se realice en 2024, la dirigencia cívica y la Gobernación de Santa Cruz instrumentalizaron el cabildo del 13 de noviembre para instalar un nuevo debate. Señaló además que esa labor se la delegó a un grupo “privado y corporativo” de personas anónimas que no fueron elegidas, pero se le concede facultades constituyentes, por lo que advirtió sobre la elaboración de mecanismos para “mantener privilegios” de “un pequeño grupo” que pretende imponerse al resto de los bolivianos. El pasado viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, advirtió con el inicio de procesos judiciales contra todo el que intente incurrir en separatismo e intentos en «dividir» el país. “Si existen personas o grupos que intentan dividir nuestro territorio nacional o cercenar nuestro querido país de Bolivia con más de 1.098.581 kilómetros cuadrados no lo vamos a tolerar, eso ya está tipificado en el Código Penal como separatismo y delitos conexos y cualquier persona que intente destruir la unidad de Bolivia va a tener que someterse a la justicia boliviana”, manifestó la autoridad. Desde el sector cívico cruceño se anunció que el trabajo de su “Comisión de Constitución” iniciará a mediados de enero y se tienen previsto que los resultados sean presentados el 24 de septiembre de 2023, en la efeméride departamental.
FUENTE: EL DIARIO             (18-12-2022)