Cristina Kirchner, culpable de corrupción

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La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según la acusación de la Fiscalía de su país, montó junto con su esposo Néstor Kirchner (ya fallecido) una empresa constructora a nombre de un testaferro a la que le adjudicaron la mayoría de las obras de la provincia de Santa Cruz, con sobreprecios millonarios y sin que los contratos se cumplieran en su totalidad. La empresa, llamada Austral Construcciones, que estaba a nombre del testaferro Lázaro Báez, fue abierta antes de que Kirchner asumiera el poder y cerrada poco después de que Fernández dejara la Presidencia. La pareja gobernó Argentina durante 12 años. Por ese motivo, la justicia de su país condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. La sentencia, que no implica que la Vicepresidenta vaya efectivamente a prisión (al menos no por ahora), sienta un precedente para otros gobernantes poderosos que abusan de su poder y que se consideran impunes. La sentencia también muestra la importancia de tener un Poder Judicial independiente del poder político, que sea capaz de juzgar, incluso, a los gobernantes en funciones. Lamentablemente, no es el caso de Bolivia, donde la justicia está completamente manipulada por el partido gobernante y únicamente se activa para perseguir a los opositores, pero cuando se trata de investigar a los miembros del partido gobernante es ciega, sorda y muda. El otro mensaje del fallo contra la Vicepresidenta argentina es que los gobernantes pueden ser corruptos independientemente de su línea política. Cristina Kirchner ha abanderado la causa de los pobres, de los humildes, de los desposeídos, pero ha mantenido un sistema de apropiación de bienes públicos que bien pudieron servir para mejorar las condiciones económicas de los pobres que ella decía defender. La sentencia puede ser apelada ante dos instancias y el fallo definitivo puede tardar años, pero es un poderoso mensaje en sentido de que todos, incluso los gobernantes de turno, deben estar sometidos a los designios de la ley. El presidente Luis Arce, que bien podía aprovechar para marcar distancia con los populismos corruptos de la región, ha mandado su solidaridad a Fernández porque considera que recibió “una sentencia injusta”. En eso ha coincidido con su ahora principal opositor, el expresidente Evo Morales, quien es socio político y amigo de la Vicepresidenta argentina. Eso quiere decir que, al menos por ahora, no hay esperanzas de tener en Bolivia una justicia independiente.
FUENTE: PAGINA SIETE             (09-12-2022)