Cívicos no pueden alegar persecución política para evadir su responsabilidad

El gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, y el cívico Rómulo Calvo son investigados por los daños causados en los 36 días de paro.
Los promotores del paro cívico en Santa Cruz no pueden alegar que existe “persecución política” solo para evadir responsabilidades de los hechos de violencia, discriminación y vulneración de derechos que ocurrieron durante 36 días, afirmó ayer la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Tres denuncias se formalizaron en el Ministerio Público contra el dirigente cívico Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, quienes impulsaron la medida. Ante esa situación, los cívicos cruceños se declararon en estado de emergencia y argumentaron que “existe persecución política”. “Es lo más fácil, señalar persecución política cuando se quieren evitar responsabilidades, pero aquello lo tiene que definir una investigación. Las denuncias han sido presentadas y eso está en esa instancia. Lo que uno tiene que hacer siempre es asumir defensa y se verán las responsabilidades”, manifestó Alcón. Indicó que el Ministerio Público y el Órgano Judicial deben cumplir con las investigaciones para determinar si existe o no responsabilidad de acuerdo con las denuncias presentadas por diversas organizaciones sociales y personas que vieron vulnerados sus derechos. La Viceministra agregó que corresponde evaluar lo que ocurrió en los 36 días de paro en Santa Cruz, ya que, además del daño económico que supera los $us 1.200 millones, hubo vulneración de derechos humanos, violaciones a mujeres, actos vandálicos, tomas y saqueos, la quema de la sede de una organización campesina e incluso agresiones de un subgobernador a mujeres indígenas ayoreas. Ante esa situación, afirmó que los delitos cometidos no pueden quedar en la impunidad, pero le corresponde a otra instancia llevar adelante esa investigación. La autoridad señaló que los hechos de violencia y el daño económico se habrían evitado si el Comité Interinstitucional hubiera aceptado las convocatorias al diálogo para llegar a consensos respecto al conflicto por el Censo. “Antes de iniciar el paro cívico, el Gobierno nacional planteó en reiteradas ocasiones, de manera insistente, el consenso, el diálogo para resolver el conflicto”, recordó.
FUENTE: AHORA EL PUEBLO             (07-12-2022)