Fiscalización a los cocaleros del Chapare

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La pasada semana el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) informó que investiga a la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por la organización del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 “Copa Evo 2022”. De inmediato, Evo Morales, el máximo dirigente de esta organización, denunció que es víctima de una persecución coordinada entre el director del SIN, Mario Cazón, y dirigentes de la oposición. Una vez más, el jefe cocalero se escudó en su condición de dirigente sindical para desviar la atención sobre un acto de fiscalización que no debería preocupar a ningún boliviano que tenga las cosas en regla. Debería saber que a diario hay cientos de actos de control similares y que los fiscalizados lo que tienen que hacer es presentar documentación de descargo y no lanzar denuncias públicas en un intento de evitar la fiscalización. Claro, es posible que Morales piense que las cosas continúan como cuando él estaba en el Gobierno y el SIN y otras instituciones del Estado eran utilizadas para presionar a políticos, empresarios y medios de comunicación que no estaban alineados con su “proceso de cambio”. Parece que las cosas están cambiando. Cazón explicó que no se trata de ninguna persecución, sino de un acto de fiscalización que se hace con toda persona jurídica que posee un Número de Identificación Tributaria (NIT), como es el caso de las seis federaciones cocaleras que vendieron boletos para asistir a los partidos de la Copa Evo, lo que significa que generaron ingresos y cuando se generan ingresos se paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Ley 843 establece que ese impuesto se aplicará en todo el territorio nacional sobre importaciones, venta de bienes y “contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación”. Esa disposición es justamente la que aplica el SIN para fiscalizar la Copa Evo. Los cocaleros quieren resolverlo señalando que trabajan sin fines de lucro, pero habrá que recordar que ellos mismos revelaron que la organización de ese evento deportivo, que concentró a 12 equipos nacionales y extranjeros, costó al menos 50.000 dólares y que además se proyectó un ingreso de 100 mil dólares por la venta de entradas. Poco antes del inicio del evento deportivo, Mario Guamán, el director general del torneo, informó a Página Siete que se habían mandado a imprimir 90.000 entradas y que, en promedio, se venderían a 20 bolivianos cada una. Es decir que hubo un importante movimiento económico y es obvio que el SIN fiscalice, eso no debería molestar a nadie. Es más, el próximo acto de fiscalización debería apuntar a la transferencia “gratuita” del club Palmaflor a manos de los mismos cocaleros, que parece que con cuotas de uno o dos bolivianos por afiliado son capaces de hacer de todo, menos pagar impuestos por la comercialización de la coca. Resulta difícil creer en la transferencia gratuita de un equipo de fútbol profesional, que además jugará la Copa Sudamericana. Y aún más difícil pensar que se podrá mantener una planilla con solo aportes de afiliados a las federaciones cocaleras. Eso, sin tomar en cuenta que el presidente de las federaciones, que imaginamos será el presidente del club, asegura que no tiene ni un dólar disponible. “Sincero, responsable. En este momento no tengo ni un dólar”, dijo Morales durante la semana al referirse a las gestiones para la transferencia del club. ¿Quién no quisiera tomar las riendas de un equipo profesional de fútbol sin un peso en el bolsillo? Seguramente los cocaleros del trópico de Cochabamba tienen alguna proyección económica, alguna línea de crédito, inversionistas, algún plan para mantener en pie un equipo de la División Profesional, que es lo que deberán presentar en caso de que se ejecute algún acto de fiscalización. Victimizarse no es la forma de responder a un acto de esta naturaleza, al que deberíamos estar acostumbrados todos los bolivianos que hacemos las cosas en regla.
FUENTE: PAGINA SIETE             (28-11-2022)