Colegio de Biólogos rechaza acuerdo entre el Gobierno y Fecoman que deja explotar en áreas protegidas
Exigen la anulación inmediata del convenio que “atenta contra los derechos de la población boliviana” y los pueblos indígenas de Cotapata, Apolobamba y Madidi.
Los Colegios de Biólogos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y el Colegio de Forestales de Cochabamba, mediante un pronunciamiento, rechazaron este lunes el convenio firmado entre instituciones del Gobierno y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), que les conceden autorización para ingresar a explotar en áreas protegidas.
“Esta acta firmada plantea cambios en los planes de manejo y la zonificación de las áreas protegidas para facilitar el ingreso de la minería en áreas que hasta hoy resguardan el patrimonio cultural, religioso y natural del país, así como las únicas fuentes de respuesta a los desafíos del cambio climático, en las cuales actividades destructivas y contaminantes como la minería están prohibidas”, dice parte del pronunciamiento.
Las zonas afectadas son Cotapata, Apolobamba y Madidi, y las instituciones que firmaron el acuerdo son el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Asimismo, los colegios de biólogos del eje central del país recuerdan que este acuerdo vulnera derechos fundamentales de los bolivianos, y principalmente de las comunidades indígenas, cuyos sistemas de vida dependen en su totalidad de las áreas protegidas.
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Pero, además, afirman que está comprobado científicamente que la actividad minera provoca serios impactos en la salud, ya que desprenden sustancias tóxicas como el mercurio, que llega a las personas a través del consumo de productos contaminados. Afecta los aparatos digestivo y nervioso, genera retraso mental, ceguera, problemas cardiacos y otros.
Exigen la anulación inmediata del convenio firmado, el respeto a la zonificación de las áreas protegidas aprobadas legalmente para evitar cualquier modificación o reforma que no se sustenten en análisis técnicos, participativos y jurídicos.
También exhortan a respetar los Planes de Manejo vigentes de las áreas protegidas y exigen respeto a la salud o de los pueblos indígenas que son afectados directamente por esta actividad.
FUENTE:
PAGINA SIETE
(31-10-2022)