Juristas piden complementación y enmienda a resolución del TSE
El pasado 28 de julio, un grupo de abogados independientes presentaron en el Órgano Electoral su propuesta de reforma judicial, con el fin de que les entreguen libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de bolivianos en un referendo ciudadano.
Juristas independientes presentaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso de complementación y enmienda, en relación al cómputo de los 90 días que tienen para el recojo de 1.5 millones de firmas y concretar la reforma judicial mediante un referendo popular.
El pasado jueves 27 de octubre, los juristas independientes fueron notificados con la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0377/2022 de 18 de octubre de 2022, mediante la cual, la Sala Plena del TSE autoriza a los promotores de la iniciativa la recolección de firmas de adhesión a la propuesta de reforma judicial vía referendo popular, en un 20 % del padrón electoral, otorgando un plazo de 90 días calendario.
En ese marco, los profesionales manifestaron que la resolución del TSE puede significar un gran avance en la propuesta de reforma de la justicia vía referendo.
“Tenemos que convertirla en una decisión que abra sin cortapisas el poder constituyente ciudadano para, primero, recabar en los libros la adhesión de 1.5 millones de firmas en todo el país y, luego, cumplido el trámite ante el Tribunal Constitucional, convocar a las urnas a todas y todos los bolivianos para aprobar en referendo, independencia de los jueces, presupuesto judicial digno y acceso universal a la justicia, que es lo que resume la propuesta de reforma”, dijeron los profesionales a través de una declaración pública.
Asimismo señalan que la decisión del TSE, contiene algunos equívocos e imprecisiones que se deben enmendar.
“El principal de ellos, como dice la Resolución 0377/2022 en su punto segundo, es disponer que el cómputo del plazo de 90 días calendario (…) corra desde la entrega del formato de los libros y no desde su impresión y aprobación, tareas administrativas a cargo de los promotores, que nos pueden llevar varias semanas, que se restarían del plazo de los 90 días calendario, reduciendo ostensiblemente el tiempo real de adhesión ciudadana, lo que puede constituirse en un impedimento al derecho constitucional ciudadano de adherirse e impulsar la Reforma Judicial”, se lee en otra parte del pronunciamiento.
El 28 de julio, el grupo abogados independientes presentaron en el TSE su propuesta de reforma judicial, con el fin de que el Órgano Electoral les entregue los libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de bolivianos en un referendo ciudadano.
PROPUESTA
En septiembre de 2021, abogados independientes presentaron un proyecto de reforma judicial vía referendo constitucional, basado en la elección judicial de magistrados y tribunos, aumentar el presupuesto para el Órgano Judicial a un 3 %, revalorizar la justicia indígena e incorporar la “justicia ciudadana de paz”, entre otros.
En la oportunidad aclararon que la participación de la población puede abrir paso a una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para modificar la manera de elegir a los magistrados y jueces del Órgano Judicial.
De acuerdo a la CPE, la propuesta debe estar respaldada por al menos un millón quinientas mil firmas, que supone el 20% del electorado, para que se vaya al voto ciudadano.
El parágrafo II del artículo 411 de la CPE establece que la reforma parcial a la Constitución podrá iniciarse también por iniciativa popular con las firmas de al menos el 20 % del electorado. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”, se añade en la norma constitucional.
Para los juristas la reforma de la justicia debe pasar por independencia, mejor presupuesto, atribuciones al Consejo de la Judicatura, respeto a la justicia y revalorización a la justicia originaria – campesina.
“En primer lugar tenemos que buscar independencia, por lo tanto debemos cambiar la forma de cómo se eligen los jueces supremos porque el voto popular ha sido manoseado, degradado y desperdiciado por el hegemonismo del Movimiento al Socialismo (MAS)”, advirtieron.
En ese marco manifestaron que la forma de elección de magistrados debe cambiar y debe primar los méritos, la experiencia y la calidad profesional.
Asimismo señalaron la necesidad de incorporar en la CPE que el tres por ciento del Presupuesto General de la Nación pase a la administración de justicia, porque el 0.5 % destinado actualmente es miserable.
Aseguraron que se debe enfrentar la falta de acceso y revalorizar a la justicia indígena – originaria que –en su criterio– está venida a menos en la propia Constitución porque está subordinada a la justicia ordinaria.
Aseguraron que se tiene generar una justicia de paz. “Tenemos que poner en la CPE a los jueces de paz que son ciudadanos del distrito, del municipio, elegidos por la propia gente que utilizan el arbitraje, la amable composición mediante prácticas ciudadanas para evitar que todos tengamos que ir a los tribunales, a los jueces, a los abogados y depender de la chicana y la corrupción”, apuntaron.
En ese marco, informaron que a nivel nacional existen 80.000 abogados aproximadamente, entre hombres y mujeres de una gran calidad humana y profesional.
“Cómo no vamos a poder seleccionar a los mejores para que sean los jueces supremos, los jueces departamentales y los jueces de sentencia. Somos como 80.000 abogados a nivel nacional y son 1.600 jueces y fiscales. Hay jueces y fiscales probos, lamentablemente son la excepción, por ello tenemos que ir a la reforma y hay con quién hacer la reforma en términos de justicia”, aseveraron
FUENTE:
EL DIARIO
(29-10-2022)