Jueza que tiene 90 denuncias: «Tengo mucha carga laboral»

La jueza Gladys Bacarreza fue suspendida por un mes por faltas graves en sus funciones. Fue notificada ayer. Anuncia que apelará.
Verónica Zapana S. / La Paz Hace unos días se conoció que la jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, Gladys Bacarreza, tiene más de 90 denuncias en su contra por retardación de justicia. Al respecto, la autoridad judicial indicó ayer que esta situación ocurre porque tiene mucha carga laboral, no cuenta con personal y cumple varias funciones. Bacarreza aseguró que es la tercera vez que recibe una sanción desde que inició sus funciones en el juzgado. Hace una semana, la abogada Jhenny Prado denunció que la jueza ayudó a violentos y agredió a víctimas en su despacho, además indicó que la funcionaria tiene un “cuarto de torturas”. “Mis denuncias son por mi excesiva carga laboral y no son por corrupción, que quede claro”, dijo a Página Siete la jueza. Indicó que “jamás agredió a ninguna víctima” . La semana pasada, este medio informó que el Consejo de la Magistratura envió a esta jueza a procesos disciplinarios por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones. Bacarreza dijo que evidentemente se le siguió un proceso disciplinario y que ayer fue notificada con su suspensión. “Me gusta hablar con la verdad, hoy 21 de febrero (ayer) sí me suspendieron por un mes”, dijo y aseguró que acudirá a las instancias pertinentes para apelar esa decisión. Aseguró que esa sentencia “es ilegal” y explicó que iniciaron el proceso porque su secretaria no llevó el cuaderno al despacho, cuando debía hacerlo. “Fue por incumplimiento de la secretaria”, dijo e indicó que esta funcionaria debería ser sancionada Argumentó que el juez segundo disciplinario, Juan Carlos Pérez, llevó ese proceso y “separa a la secretaria porque es su amiga’’. “Sólo me acusan a mí”. Reiteró que el juez “ha actuado de manera ilegal” y aseguró que apelará esa decisión en las instancias que correspondan. Respecto a los 92 procesos en su contra y que están registrados en el Consejo de la Magistratura, Bacarreza, aseguró que “no son tantos”, pero justificó que ante cualquier sentencia que emite es procesada. “Saco una sentencia condenatoria y me abren proceso. A veces me abre la parte acusada y a veces la parte de víctima. ¿Qué voy a hacer?”, indicó la jueza. No precisó cuántas sentencias emite al año. Aseguró que también tiene procesos porque sus secretarios no hacen su trabajo “debido a la alta carga laboral”. Bacarreza es autoridad en el juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz desde 2015 y desde entonces, según ella, fue sancionada en tres oportunidades. “Antes fueron dos y esta (última) es la tercera”. Un jurista -que prefirió guardar su nombre en reserva- indicó que a la fecha Bacarreza ya suma cinco sentencias. Bacarreza reiteró que las denuncias que tiene en su contra no son por corrupción, sino por la excesiva carga laboral. “Administro el único juzgado de sentencia en toda La Paz”, dijo y aseguró que por eso, el trabajo en el juzgado es alto. “Me remiten cuadernos de procesos de diferentes juzgados de instrucción de El Alto, La Paz y provincias”, sostuvo. La jueza justificó que el trabajo se acumula más porque desde hace siete meses no tiene auxiliar, tampoco un secretario titular y que el suplente también debe hacer el trabajo para su juzgado. “Realizo tres funciones, de auxiliar, de secretaria y de jueza”, aseveró. Respecto a la acusación de beneficiar a agresores, Bacarreza negó esa acusación e indicó que tampoco su despacho cuenta con un cuarto de torturas, para lograr que las víctimas desistan de sus denuncias. “Jamás haría eso”, insistió. Sin embargo, una mujer que sufre discapacidad física denunció ese extremo. Prado y otros abogados conocen -también- de ese tipo de quejas. “Lo único que se hizo fue: el secretario le pidió a la señora con discapacidad que estaba en la fila que pase al despacho y espere ahí dentro, mientras buscaba su cuaderno, nada más”, explicó Bacarreza. El caso de la jueza llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dirigida por la diputada Gladys Quispe, en marzo, por retardación de justicia en casos de violencia, por eso se hizo la petición de informe.
FUENTE: PAGINA SIETE             (22-02-2022)