Una red de jueces, abogados y médicos negocia la salida de asesinos de la cárcel

El Ministerio Público allanó las oficinas de la abogada de Richard Choque y halló documentación similar a la que se usó para conseguir su detención domiciliaria.
El asesino serial Richard Choque, de La Paz, y el descuartizador Rubén Omar Centellas Quevedo, de Santa Cruz, obtuvieron la detención domiciliaria gracias a un mismo modus operandi de una red de jueces, abogados y médicos. Los dos delincuentes presentaron un certificado médico de diabetes y no se convocó a la defensa de las víctimas para la otorgación de este beneficio. En el primer caso, el Ministerio Público “concretizó” su teoría de un consorcio de abogados y jueces. En las últimas horas, la Fiscalía aprehendió a Carmen Solari, abogada de Richard Choque. “En el allanamiento encontramos infinidad de documentos y ella acreditó que sólo se dedicaba a tramitar procesos de ejecución penal. Llamó la atención que encontramos una resolución con las mismas características con las que Choque obtuvo su detención domiciliaria y los partícipes son los mismos”, dijo el fiscal Johan Muñoz. En 2015, Choque fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el asesinado de una joven de 20 años en su domicilio de El Alto. En 2019, Choque solicitó dejar el penal de San Pedro y el Juzgado Primero de Ejecución Penal, que en ese entonces era dirigido por el exjuez Rafael Alcón, le concedió la detención domiciliaria por 18 meses. La resolución fue dictada sin la presencia de la parte querellante y con el respaldo de un certificado médico que reportaba diabetes y gastritis, firmado por el médico Freddy Torrejón. Antes de su detención, la abogada Solari dijo que “nunca” fue su abogada. “No conozco al señor o a sus familiares. Sólo hice el favor de firmar el memorial a una colega, Marlene Paco”, dijo a Página Siete la jurista. Aseguró que Choque ni sus familiares contrataron sus servicios. En la ampliación de la declaración de Choque, tomada el martes en el penal de Chonchocoro, negó tener algún tipo de relación con el exjuez Rafael Alcón. “Al salir, cuando me dieron detención domiciliaria (…) y como era Año Nuevo, la doctora Paco me dijo que le demos un whisky o algo para Año Nuevo, ya que me sacó (de la cárcel)”, afirmó. Consultado sobre el monto que llegó a pagar a su abogada para que realice el trámite, Choque respondió: “Ya le dije, 3.500 dólares americanos. Reuní todo el dinero y vendí todas mis cosas en San Pedro, me presté de amistades de colegio (...) Posterior, entregué el dinero a la doctora Paco (…) unos 10 días después de que la conocí”. Tras el allanamiento a las oficinas de la abogada Solari, el fiscal Muñoz aseguró que “la tesis que tenía el Ministerio Público se ‘concretizó’, evidentemente hay un consorcio de abogados y jueces”. El representante de la Fiscalía dijo que la abogada de Choque y su colega trabajaban juntas. “Ellas obtuvieron, gracias a los certificados médicos, la detención domiciliaria. Ese fue el hilo para investigar y allanar los ambientes”, precisó. Por eso, la Fiscalía las imputará por consorcio de jueces y abogados. La comisión de fiscales determinará si pide una detención preventiva o domiciliaria, después de la evaluación de la documentación hallada en el despacho de la jurista. “Según la documentación que encontramos, existían otros privados de libertad con sentencia ejecutoriada que usaban los documentos que se emplearon para (liberar) a Choque y así obtener una detención domiciliaria. Parece que es el modus operandi de este consorcio que actúa en los juzgados de ejecución penal”, concluyó el Fiscal. Descuartizador con detención domiciliaria Edgar Armaza, abogado de la familia de la víctima del descuartizador, dijo que antes que el exjuez Alcón emita alguna resolución, fue a su juzgado para aclarar que no correspondía “ningún tipo de detención domiciliaria” porque fue sentenciado a 30 años de cárcel sin indulto. “El juez nos respondió que la apelación se tratará en una audiencia que nunca llegó”, dijo. Indicó que no fueron notificados.Al igual que Choque, el descuartizar salió con detención domiciliaria. Cuando el descuartizador salió libre, la familia de la víctima apeló la determinación y el 7 de enero se realizó una audiencia en la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz y la solicitud fue aceptada. Se ordenó la reclusión del descuartizador. La defensa del delincuente presentó una acción de libertad ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de El Alto y ganó. La determinación fue apelada y está en Sucre.
FUENTE: PAGINA SIETE             (04-02-2022)