CC pide que OEA y CIDH se pronuncien sobre caso Pumari

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La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, pidió que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además de otros organismos internacionales, se pronuncien sobre la reciente detención del ex cívico potosino Marco Antonio Pumari. En conferencia de prensa, la parlamentaria de oposición anunció la presentación de denuncias a distintas instancias internacionales como la Secretaría General de las Organización de Estados Americanos, el grupo de países de Latino América, Grupo de Lima, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la Unión Europea, además de la presentación de dos pedidos de informe a los ministerios de la Presidencia y Gobierno. Sostuvo que se rechazan todas las acciones cometidas por las fuerzas del orden durante su intervención a las instalaciones de Comcipo y la posterior aprehensión del excívico Marco Pumari, además de la persecución a otros ciudadanos que se manifestaron en contra del paquete normativo promovido por el Gobierno, denominado por la población como “leyes malditas”. “Repudiamos la intervención de Comcipo, el secuestro de Marco Pumari y denunciar el atropello en contra del pueblo potosino, ante la arremetida a sus instituciones y dirigentes”, manifestó Claros. La legisladora señaló que las recientes acciones judiciales se tratan de una venganza del oficialismo en contra del pueblo potosino. Desde el oficialismo, la senadora Virginia Velasco, manifestó Marco Pumari debe cumplir su detención preventiva como cualquier otro imputado y que el Ministerio Público le otorga las garantías necesarias, por lo que no estaría en riesgo su vida como se denuncia por la oposición. “Quien sea que cometa delito no puede estar en riesgo, hay ciertas medidas de seguridad, además él tiene que cumplir como cualquier detenido preventivo, no creo que corra riesgo su vida”, afirmó Velasco. Pumari es acusado por los delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado y obstrucción como delito electoral.
FUENTE: EL DIARIO             (14-12-2021)