Acusan a Santamaría por daño de Bs 2,2 MM y pedido de armas

El Gobierno dice que el exviceministro pidió armas y equipos a la Embajada británica y a la de EEUU. Presumen un daño económico de 2,2 MM de bolivianos.
El Ministerio de Gobierno denunció ayer que el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría incurrió en varias irregularidades administrativas en 2020 que ocasionaron un daño económico al Estado de al menos 2,2 millones de bolivianos. Según la demanda, el exfuncionario también hizo peticiones de “equipo y armamento” a las embajadas de Reino Unido y de Estados Unidos (EEUU). “En el marco de fomentar y robustecer su colaboración, le pido atender el requerimiento que le presento, consistente en: pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigás, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trates de protección y equipos que considere importante, destinado a la Policía Boliviana con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio nacional”, señala la carta supuestamente enviada por Santamaría al embajador británico, Jeff Glekin. El documento revelado ayer por el actual viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, fue firmado el 25 de septiembre de 2020, 25 días antes de las elecciones generales en las que ganó el MAS y tiene sello de recibido de la Embajada británica el 1 de octubre de ese año. La carta tiene como referencia: “Requerimiento equipo y armamento”. Ríos informó que Santamaría hizo similar solicitud de “equipo y armamento” el 8 de mayo de 2020 a Bruce Williamson, entonces encargado de negocios de EEUU en Bolivia. Sobre esa primera nota –explicó Ríos–, aún se desconoce los elementos solicitados, debido a que no se hallaron los documentos completos. “Le pido atender el requerimiento que en referencia menciono (equipo y armamento), con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio. Adjunto a la presente (nueve hojas) de asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”, señala la parte final de la breve nota enviada por Santamaría a Williamson. Ríos afirmó que el pedido realizado durante el gobierno de Jeanine Añez se aleja de las funciones asignadas al viceministro de Seguridad Ciudadana, además de que los equipos y los visores nocturnos y térmicos no son propios para las labores cotidianas de la Policía. “Esto nos da claros indicios de que todo este armamento y equipos que solicitaban otras instancias (durante la gestión de Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno) iban a ser empleados, presumiblemente, para reprimir al pueblo boliviano. Y lo que más llama la atención es que se generan semanas antes a las elecciones de 2020 (en el caso del requerimiento hecho a los británicos)”, sostuvo Ríos. El viceministro afirmó que aún se analiza el tipo de delito en el que pudo incurrir Santamaría al realizar estos requerimientos. Por otro lado, dijo que, aunque aún no se definió la vía, en los siguientes días se realizarán las solicitudes necesarias para que las delegaciones diplomáticas confirmen si atendieron los pedidos del gobierno de Añez y bajo qué parámetros. Antecedentes internacionales En marzo de este año, a través del canciller Rogelio Mayta, el gobierno de Luis Arce protestó contra el Reino Unido a raíz de publicaciones de medios británicos que mencionaban una supuesta implicación en la crisis social y política de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Mayta acusó de un supuesto apoyo británico a lo que denomina “golpe de Estado (…) para responder a intereses sobre las reservas de litio bolivianas”. En esa oportunidad, el embajador británico, Jeff Glekin, por medio de un comunicado, rechazó las acusaciones y le recordó a Mayta que todos los proyectos ejecutados por Reino Unido en Bolivia vienen de la gestión de Morales. El Reino Unido “respeta absolutamente la soberanía de Bolivia y de ninguna manera ha buscado interferir en asuntos internos del país, mucho menos socavar su democracia”, refería aquel comunicado que también condenaba la “lamentable campaña de desinformación”. “Cualquier sugerencia en ese sentido es completamente infundada y falsa”, concluyó en otra parte del texto. Siete procesos Por otro lado, el viceministro Roberto Ríos manifestó que, a partir de la revisión administrativa que se realizó a la gestión de Santamaría, se identificó unas 15 irregularidades, de las cuales, en siete casos se abrieron procesos internos. Se detectó además de incumplimiento de deberes, peculado y un posible daño económico al Estado de 2.296.821 bolivianos, reportó. Entre las irregularidades detectadas, se tiene que en la gestión 2020 no se pagó el servicio de transmisión de datos de Entel para el proyecto Bol 110. En relación con éste, también se incumplió el contrato de implementación de comandos para este proyecto en otras regiones. Asimismo, se denunció la desaparición de equipos de detección de temperatura que le fueron donados al Ministerio de Gobierno para personas con síntomas de la Covid-19. Otros insumos no hallados son los radios portátiles entregados a esa entidad, según los archivos. En un quinto y sexto caso, se denunció la operación de aeronaves sin cobertura de seguros de aeronavegación y sin mantenimiento. Por último, se demandó la desaparición de tóners para impresoras por un valor de 50.000 bolivianos. Página Siete intentó comunicarse con el exviceministro para conocer su versión, sin embargo, la exautoridad tiene el celular apagado y allegados de Santamaría a los que se les consultó sobre su ubicación dijeron desconocer ésta.
FUENTE: PAGINA SIETE             (07-12-2021)