Preocupa a ONU falta de independencia judicial
Organismo exhorta al Estado boliviano a llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso. > Recomienda trabajar en la formación de fiscales y jueces con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones y la correcta calificación de los hechos.
El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la falta de independencia y autonomía en el Órgano Judicial y el Ministerio Público de Bolivia, mismo que es evidenciado en procesos en contra de exautoridades y opositores al Gobierno.
Esta instancia reiteró sus observaciones al carácter ambiguo y vago en la tipificación de los delitos por sedición y terrorismo en el Código Penal vigente.
Mediante un informe, se señala que esta falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, está claramente evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos como ya se expresó en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre violaciones a derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019.
Advierten que las deficiencias en la justica se deben a una “debilidad institucional del sistema, en el que la mayoría de los jueces y fiscales son temporales y no forman parte de la carrera del servicio público”, además de que “el Poder Judicial no cuenta con suficientes recursos y existe una distribución inadecuada de los servicios de justicia”, indica el informe.
Ante esto, se recomendó al Estado boliviano efectuar revisiones a la legislación antiterrorista, en los tipos penales de sedición y terrorismo para garantizar una investigación pronta de los hechos de violencia durante la crisis postelectoral 2019-2020 y que los autores sean enjuiciados y castigados, sin importar su afiliación política.
De la misma forma se exhorta al Estado boliviano a llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito. Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia.
De la misma forma, se debe incrementar las actividades de formación de fiscales y jueces con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones y la correcta calificación de los hechos, conforme a los Protocolos de Estambul y Minnesota.
En el caso de las víctimas, se señala que se deben establecer sistemas de protección y asistencia para proteger contra cualquier forma de represalia.
FUENTE:
EL DIARIO
(04-12-2021)