Fiscalía presenta acusación formal contra Jeanine Áñez
Por el caso «golpe de estado II»
La Fiscalía presentó ayer la acusación formal para ir a juicio contra Jeanine Áñez y exjefes de la Policía y Fuerzas Armadas, acusados en el caso denominado “golpe de Estado II”, en el cual se investigan presuntas irregularidades en la sucesión presidencial de 2019.
En el caso de Áñez, la acusación sostiene que ejecutó una “ilegal sucesión a la presidencia del Estado”, con la cooperación de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Los delitos imputados son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además de Áñez, están acusados el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, y los integrantes de su Comando, Flavio Arce San Martín, Jorge Terceros, Gonzalo Jarjury, Pastor Mendieta, Jorge Fernández, además de Carlos Orellana, quien fue comandante después de Kalimán.
También está acusado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón. Para sostener la acusación, la Fiscalía señala que los excomandantes dispusieron seguridad y traslado para Áñez desde su llegada a La Paz el 11 de noviembre de 2019, para su asunción que fue el día siguiente. Según la acusación, los excomandantes coordinaron el traslado de Áñez ese 11 de noviembre hasta el Colegio Militar, luego al Hotel Casa Grande y la Asamblea Legislativa, donde dio una conferencia de prensa.
Indica que incluso Áñez tenía personal de seguridad como si fuese mandataria, antes de la asunción, y tenía escoltas de la Academia Nacional de Policías y pernoctó en el domicilio de una oficial. Según la Fiscalía, Áñez fue trasladada de nuevo el 12 de noviembre de 2019 a la Asamblea, donde asumió la presidencia en una “actitud desleal, ilegal y fuera de toda norma”.
Afirma que, antes de tomar una determinación, se debieron tratar las renuncias de autoridades en el Legislativo, pero Áñez el 12 de noviembre asumió primero la presidencia del Senado, sin que se haya formalizado la renuncia de Adriana Salvatierra, y luego se proclamó presidenta del Estado, sin que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García hayan sido aceptadas por la Asamblea.
La acusación concluye que Áñez “ejecutó una sucesión presidencial a su favor sin estar legítimamente llamada a suceder”. Para el Ministerio Público, Áñez no habría logrado su cometido sin la cooperación de los excomandantes. Señala también que las mismas facilidades brindadas a Áñez, para su traslado, no fueron provistas de forma equitativa a los demás asambleístas.
“Inclusive funcionarios policiales y militares impidieron en ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional a Asambleístas del oficialismo, porque conocían perfectamente que si estos sesionaban hubiesen exigido el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores, extremo que hubiese impedido que Jeanine Áñez Chavez asuma la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y ejecute una ilegal sucesión a la presidencia del Estado”, sostiene la acusación.
Áñez fue detenida en marzo de este año acusada del caso “golpe I” por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Posteriormente, fue imputada por el caso “golpe II”. En ambos casos tiene detención preventiva.
De los excomandantes, Kaliman, Orellana, Calderón y Fernández no tienen paradero conocido, mientras que Terceros, Jarjury, Mendieta y Flavio Arce están encarcelados preventivamente.Sobre el tema, dos abogados defensores de los sindicados tildaron de “Aberración jurídica”, “irracional”, “irresponsable”, “avezado” la acusación formal presentada por la Fiscalía.
El abogado de Áñez, Luis Guillén, consideró que la acción del Ministerio Público es “avezada”, porque la acusación es por el caso “golpe II” que emerge de otro proceso, el caso “golpe I” en el cual no se tiene acusación. También consideró “curioso” que se esté dejando a un juez ordinario que defina si la asunción fue constitucional. Dijo que la acusación es irresponsable.
El abogado Eusegio Vera, que representa al general Jorge Terceros y el almirante Palmiro Jarjury, dijo que con ese accionar del Ministerio Público se impide el derecho a la defensa de sus defendidos. Afirmó que se está entrando a la “historia más negra de la administración de justicia de Bolivia”.
FUENTE:
LA ESTRELLA DEL ORIENTE
(30-11-2021)