¿Minoría en las urnas? ¡Mayoría en las calles!
El tema de mayorías y minorías debe ser analizado por gobernantes y gobernados, ministros y dirigentes sociales, incluidos los comités cívicos. Esto, sobre todo si se van a tomar medidas que pueden afectar la convivencia civilizada de nuestra sociedad, hoy malherida y dividida, por culpa de sus gobernantes, principalmente durante los últimos 15 años.
En forma machacona desde que asumieron el “Proceso de Cambio 2”, el Presidente Luis Arce y otras autoridades reiteran hasta el cansancio que el MAS tiene el 55% de la votación y es la presunta base de su “legitimidad” y “legalidad”. Parece que estas autoridades tienen un “peso de conciencia”, respecto a ese dato increíble porque el MAS, en menos de un año, habría tenido un crecimiento (insólito!) de casi el 20% en cantidad de votos: Record Mundial!
¿Será que Arce realmente logró el 55% de la votación de 2020? Eso, con el mismo padrón electoral en el que se ha denunciado la existencia de 1,5 millones de electores que no existen, el voto de personas fallecidas en todos los procesos electorales recientes, la manipulación de datos por parte de vocales de la Corte Electoral, copada en su totalidad por el MAS y otras irregularidades del escandaloso fraude del 2019 y que se repitieron de la misma manera el 2020, aunque mejor maquillados, para evitar las observaciones de la OEA, la ONU y la UE que fueron decisivas en la crisis de 2019. Sería ideal pedir una auditoría vinculante, por lo menos del padrón electoral.
El que escribe, como la mayoría de los electores de a pie, no tiene forma de averiguar si dicho resultado es verificable. La única forma de hacerlo ahora es a través de los resultados oficiales publicados por el Tribunal Electoral en su página web, pero ¿y los resultados cotejados al respecto por medios de comunicación independientes y por los partidos políticos que participaron en la elección? Nadie dice nada.
¿Por qué los resultados de las elecciones no pueden ser conocidos por otros medios que no sea la página web del Tribunal Electoral? El Tribunal es el órgano oficial que es responsable de dicha información, ¿pero y si esos datos están manipulados o no corresponden a la realidad? Habrá que recordar la manipulación descarada del TREP y los servidores externos en 2019. La pregunta no es capciosa y más bien es muy real porque la posibilidad de una manipulación de datos es altamente probable, sobre todo porque dicho órgano del Estado no tiene ninguna credibilidad.
Para que una información electoral oficial sea creíble debe cumplir varios requisitos: debe provenir de un organismo acreditado, es decir que tenga un grado de credibilidad. Además la información debe ser constatable por diversos medios, no solamente los oficiales. En el caso que nos ocupa, es más fácil verificar la movilización de cientos de miles, por no decir millones de ciudadanos que se oponen al gobierno del MAS y sus políticas comunistoides porque no representan sus intereses y porque el conjunto de leyes que ha proyectado, aprobado y abrogado, (esto último a la fuerza y presionado por todo el país) no representan a la mayoría nacional.
¿Se puede estar de acuerdo en que la Ley 1386 se aplique a gremiales, transportistas y otros y no a los cocaleros, contrabandistas y personas dedicadas a negocios ilegales? ¿O es que hay ciudadanos de primera (los cocaleros y contrabandistas) y ciudadanos de segunda? (el resto de los bolivianos).
La oposición a la Ley 1386 es hasta lógica porque nadie puede estar de acuerdo con disposiciones inconstitucionales, porque la mayoría de los sectores afectados por esta ley no tienen vinculación directa con la economía formal, situación que tienen su origen en el atraso general del país y su menor desarrollo relativo, que hace que la mayoría de la ciudadanía viva de la economía informal por falta de fuentes laborales estables.
La mayor parte de esa indudable mayoría (valga la redundancia) está en contra de un sistema corporativista (tipo Mussolini), autoritario (tipo García Meza), super-estatizado (tipo Cuba) y en el que los actores sociales estén controlados por un estado policial-militar al que nos ha llevado Evo y el MAS, con graves consecuencias para un país endeudado, con serios desequilibrios económicos (resultado del manejo irresponsable, derrochador y dispendioso del gobierno de 13 años y 9 meses) y sin probabilidades de recuperación por el agotamiento de su principal riqueza: el gas natural.
La Constitución y las Leyes no establecen ninguna forma para medir la cantidad de ciudadanos que se oponen a una ley, aunque para ello, se puede acudir al referéndum, al que Morales y el MAS le tienen mucho miedo por lo que les ocurrió el 21F. Si Evo y Arce quieren una población conforme con su administración deben aprender a gobernar y a hacer una buena política que es el resultado de negociaciones y acuerdos con todos los sectores sociales, como corresponde a una democracia moderna en la que la mayoría manda a las minorías sin violencia ni chantaje como lo que hace el gobierno a la población, siendo una minoría aplastante, como ahora.
Aunque el Jefe de Estado diga que tiene el 55% de apoyo de la gente, ese porcentaje no aguanta ni la más mínima encuesta ni sondeo de opinión. Es por esto, que lo único que logrará el desarrollo del país es que se lo administre de manera consensuada, con justicia, libertad, democracia y en paz, desterrando la confrontación entre bolivianos, que parece ser la única consigna real del MAS y que viene aplicando desde hace 15 años como política oficial.
FUENTE:
PAGINA 7
(20-11-2021)