La Aduana Nacional de Bolivia y la Aduana “paralela”

Las investigaciones policiales argentinas dan cuenta de elevados pagos de los transportistas para acceder al territorio boliviano de forma ilegal, pero nadie en Bolivia pareció ver nada
El asunto sería como de película si no lo viniéramos denunciando edición tras edición. El contrabando campa por Bolivia a sus anchas y la frontera tarijeña es una de las más porosas. Tanto Salvador Mazza como Aguas Blancas son lugares de alto tránsito de mercadería desde siempre, pero estos meses de fronteras cerradas el asunto ha sido todavía más vergonzante: todos los mercados están inundados de producto argentino sin distribuidor oficial y la Aduana se dedica a controlar la soya transgénica que debería vigilar el Senasag. La investigación del diario salteño El Tribuno y las diferentes operaciones policiales de la Fiscalía Federal argentina hablan de montos de hasta 150.000 y 200.000 pesos argentinos cobrados a cada uno de los camiones que llegaron hasta la frontera norte, cerrada, para ingresar a Bolivia. Las imágenes hablan por sí solas: docenas de camiones apostados en calles y predios fronterizos esperando para hacer el traslado de mercaderías para que ingresen al territorio tarijeño. En paralelo, las investigaciones policiales han dado cuenta del patrimonio de Rubén Méndez Salazar, intendente de Salvador Mazza, la ciudad fronteriza con Yacuiba con una extensa frontera seca por la que hay una infinidad de pasos ilegales que todo el mundo conoce. En las imágenes que trascendieron se pueden ver las cajas de seguridad que el intendente tenía en su domicilio repletas de dinero. De acuerdo a la información que verificó el medio local El Tribuno, el total del efectivo secuestrado llegaba a 196.032.756 de pesos que se dividían en 854.178 dólares, 9.070 euros y 34.342.350 pesos en moneda local. "Nunca, pero nunca en mi vida, vi tanta guita junta", recogió el medio sobre las declaraciones que se dieron dentro de uno de los domicilios de Méndez. Las investigaciones están en marcha, pero la secuencia de hechos viene a sugerir que Méndez y los suyos han encontrado un filón creando una “aduana paralela” por la que ha desfilado mercadería a raudales durante toda la pandemia sin que nadie le haya echado el guante. El asunto no acaba de cuadrar, pues en cualquier aduana hay que rendir cuentas a la salida, pero sobre todo a la entrada en cualquier otro país. Es ahí donde se verifica la legalidad de la carga, su valor y donde se cargan los impuestos correspondientes. Pues bien, mientras a un lado alguien se hizo inmensamente rico a la vista de todo el mundo, al otro lado nadie vio nada. Es verdad que todo esto ya se sabía, pero es hora de dejar de mirar al otro lado, sobre todo cuando el Gobierno busca regularizar sectores y acabar con los dineros “ilegítimos”. La Aduana Nacional de Bolivia, a cargo de Karina Serrudo, al margen de cualquier nexo familiar u otro con los máximos niveles de la presidencia del Estado, debe una explicación convincente sobre lo que viene sucediendo en la frontera, ante sus ojos, sin que nadie haga absolutamente nada. El daño es irreparable para el país y para miles de pequeños productores que no pueden competir.
FUENTE: ELPAIS             (19-10-2021)