Proyectos de ley en curso afectan derechos constitucionales

.
A pesar de que el Gobierno niega afectación a sectores, el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en los hechos vulnera las garantías constitucionales y el estado de derecho de empresas y de todas las entidades económicas y personales, aseguran los empresarios de Cochabamba, a través de un comunicado dado a conocer por su presidente Luis laredo. Advierte que las leyes que promueve el Gobierno contienen preceptos legales que vulneran, limitan y restringen garantía y derechos de los ciudadanos, lo que causa gran preocupación en el sector empresarial El comunicado indica que el Gobierno debe garantizar la seguridad jurídica y no generar incertidumbre, que afecta a la sociedad y al aparato productivo del país. “Las leyes estarán enfocadas en fortalecer el poder y el aparato estatal, generando incertidumbre en el sector formalmente establecido, provocando el cierre de empresas formales y afectará a la generación de fuentes de empleos e inversión”, sostiene El empresario dijo que la excesiva discrecionalidad que se le otorga al Gobierno, a través de estas leyes, atenta la seguridad jurídica del empresariado y de toda la población, ya que no respetan las garantías constitucionales que protegen las libertades. El empresariado observa las leyes 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, la 1386 de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo; el proyecto de ley 218 contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva no convencionales, así como el proyecto de ley 298 de Registro de Comercio. Observamos que la ley 1390 realiza más 43 cambios en el Código Penal y la ley 004, además se incorpora la figura de responsabilidad penal a personas jurídicas, que pueden ser fundaciones, instituciones, entre otros. Le da muchas tareas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y además otorga al Gobierno la potestad a que pueda corregir cualquier error mediante decreto supremo. Además, que pone una serie de penalidades para que los que hubieran cometido alguna falta. El levantamiento del secreto bancario afectará a todos los sectores de la sociedad, y no es como indica el gobierno, señalaron. Respecto al Registro de Comercio, proponen un directorio público privado, ya que el Gobierno busca tomar el control de esta institución a través de una ley que ya está en trámite en el legislativo. El empresariado de Cochabamba exhorta a que se respete los principios democráticos expresados en el voto del ciudadano y que la democracia se más importante que la política; y proponen mecanismos de concertación para desarrollar acciones conjuntas, publico privadas, para reactivar la economía del país. Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reitera que el Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica. Lamentablemente, el Gobierno asegura que el proyecto no afectará, pero no quiere ingresar en análisis con los sectores involucrados, y sigue su propuesta en solitario, sin consensuar con la sociedad, ya que los empresarios opinan que la medida sería otro instrumento de presión. Aunque dice que se debe registrar un movimiento económico inusual para empezar la investigación, pero también indica que a solo denuncia se puede iniciar la tarea. El Proyecto de Ley 298 de Registro de Comercio (Fundempresa) establece que el registro de empresas estará bajo Tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. “No existe un justificativo lógico que respalde esta decisión, siendo la concesión administrativa una figura jurídica valiosa para trabajar con el Estado desde el sector privado, impulsando relaciones estratégicas en beneficio de la población”, apunta
FUENTE: EL DIARIO             (30-09-2021)